Dos empresas debieron paralizar labores de extracción ilegal de áridos en el río Aconcagua durante este martes tras la fiscalización desarrollada en conjunto por la Gobernación de San Felipe, Seremi de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, Carabineros y la  Municipalidad de Llay Llay
Esta acción se realizó luego que el pasado 11 de noviembre del año 2014,  la DOH detectó esta irregularidad que afectaba el cauce del río la altura del Callejón el Molino.
Se trata de dos empresas que son sindicadas como las responsables de estas extracciones ilegales, identificadas como SYR Ingeniería y Proyectos S.A. y Aracely Gaete, las que fueron notificadas de que debían paralizar funciones de forma inmediata.
Ante esto, el Gobernador Eduardo León manifestó que esta fiscalización se gesta en base a la preocupación del Gobierno ante el daño medioambiental que esto significa porque “el Río Aconcagua hoy día está bastante erosionado por la sequía, también nos ha hecho ver el daño ambiental que existe. Por lo que queremos que el Rio Aconcagua esté bien administrado, bien manejado y sea ambientalmente sustentable”.
Además, agregó que este es uno de los tantos temas que se abordan en la mesa del agua por lo que comprometió seguir con las fiscalizaciones buscando impedir que sigan cometiéndose estas faltas.
Por su parte, el Seremi de Obras Públicas, Miguel Saavedra, enfatizó que “como Gobierno estamos preocupados de establecer el rol fiscalizador. Sabemos que en la cuenca del Río Aconcagua se ha realizado una extracción indiscriminada. Por lo que estamos haciendo acciones concretas de manera conjunta entre las distintas instituciones buscando evitar que se repliquen”.
A su vez, el Director Regional de DGA, Gonzalo Peña, manifestó que se ordenó la paralización inmediata de los trabajos que realizan ambas empresas en la comuna de Llay Llay y que en el plazo máximo de 10 días se restituya el cauce del río Aconcagua, en la condición anterior a su intervención bajo apercibimiento de multa que “van desde las 100 UTA a los 1000 UTA, es decir hasta los 60 millones de pesos”.
En rigor, ninguna de las dos empresa contaba con los permisos municipales correspondientes como tampoco de asesoría técnica de la DOH.